La Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores Infractores, que entró en vigor el 13 de enero de 2000, contempla, entre otras medidas, la de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (artículo 7).
Estas medidas constituyen un intento de integrar en la acción de la justicia una dimensión positiva. Consisten en proporcionar al menor la oportunidad de hacer algo beneficioso por la comunidad, teniendo en cuenta unos planteamientos educativos.
Estas acciones tienen como objeto confrontar al menor con su propia conducta y responsabilizarlo de sus consecuencias.
Desde este proyecto se plantea la posibilidad de que los chicos y las chicas, que hayan cometido delitos, puedan cumplir las medidas de prestación en beneficio de la comunidad en centros dependientes de Cáritas.
Se realiza mediante un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Menores, dentro del Convenio Marco con el IASS.