Las entidades de la plataforma EnlaZaDos denunciamos la desinformación sobre la PACIMV
Y reclamamos un debate basado en datos y no en la estigmatización de las personas migrantes
Desde la plataforma EnlaZaDos, integrada por 20 entidades sociales que desarrollamos proyectos en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca y en los Centros de Inserción Social de Zaragoza y Huesca, expresamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones realizadas el pasado 9 de julio en las Cortes de Aragón sobre la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV).
Como entidades que trabajamos cada día con personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, denunciamos la difusión de mensajes que generan desinformación y alimentan la estigmatización de la población migrante. Afirmar que las personas en situación administrativa irregular perciben la PACIMV no responde a la realidad. Las personas en situación administrativa irregular no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital y, por tanto, tampoco a la prestación aragonesa complementaria vinculada al mismo.
Este tipo de afirmaciones trasladan a la ciudadanía una imagen falsa del sistema de protección social y convierten a uno de los colectivos más vulnerables en el centro de un debate que debería centrarse en los verdaderos problemas de esta prestación.
Precisamente porque conocemos de primera mano esta realidad, desde EnlaZaDos impulsamos el pasado mes de abril una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la PACIMV. Lo hicimos porque la ley actual no está cumpliendo la finalidad para la que fue creada: garantizar unos ingresos mínimos a las personas que quedan desprotegidas mientras esperan la resolución del Ingreso Mínimo Vital o que, por las barreras de la normativa actual, quedan excluidas del sistema.
Los datos facilitados en las declaraciones realizadas el pasado 9 de julio en las Cortes de Aragón sobre la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) no se corresponden con la respuesta parlamentaria del Departamento de Bienestar Social, en mayo de 2026.
Mientras el debate político se centra en restringir el acceso a personas que ya no pueden acceder a esta ayuda, miles de personas continúan durante meses sin ingresos suficientes porque la normativa mantiene requisitos excesivamente restrictivos y porque las ayudas de urgencia previstas en la propia ley nunca han contado con financiación para hacerse efectivas.
Desde Enlazados rechazamos los discursos que utilizan a los colectivos más vulnerables como chivo expiatorio y alimentan la desinformación y la confrontación social. Las políticas públicas deben construirse sobre datos, evidencia y respeto a los derechos humanos.
Que una persona que cumple los requisitos legales quede excluida por barreras burocráticas; o que las ayudas de urgencia previstas por la ley nunca hayan llegado a desarrollarse. Ese, precisamente, debería ser el centro del debate público.
Y, por eso mismo, rechazamos los discursos que identifican de forma simplista la vulnerabilidad con la inmigración o que transmiten la idea de que las personas migrantes viven de las prestaciones sociales. La realidad es mucho más diversa. Entre las personas que acompañamos hay ciudadanos españoles, personas de origen extranjero ya nacionalizadas —que son ciudadanos de pleno derecho—, personas migrantes con residencia legal y personas de múltiples perfiles y trayectorias vitales. Reducir la pobreza o la exclusión social a una cuestión de origen no solo es falso, sino que alimenta estereotipos que dificultan la convivencia y desvían la atención de los verdaderos problemas del sistema de protección social.
Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que el debate sobre la protección social se centre en resolver las deficiencias reales del sistema y no en difundir mensajes que generan alarma social y estigmatizan a determinados colectivos.
Asimismo, invitamos a las entidades sociales, organizaciones y a toda la ciudadanía aragonesa a sumarse a la Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la PACIMV. Aragón necesita una prestación que cumpla la función para la que fue creada: proteger a quienes más lo necesitan y garantizar que ninguna persona quede sin unos ingresos mínimos por barreras administrativas o por la demora en la resolución de las prestaciones sociales.
