Según FOESSA 300.000 personas sufren exclusión social en Aragón, un 10,3% más que antes de la pandemia
El informe presenta una radiografía de la exclusión social en nuestra Comunidad Autónoma en el periodo 2018-2024.
De 2018 a 2024, en Aragón ha aumentado el número de personas que se encuentran en una situación de exclusión y lo ha hecho en una proporción mayor que en el resto del Estado. Esto significa que, en 2024, al menos 300.000 personas (140.000 más que en 2018) viven en condiciones de exclusión, un concepto que va más allá de la pobreza monetaria.
Este es uno de los resultados más destacados del Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Aragón, que Cáritas Aragón presentó el 20 de noviembre en un acto que contó con la presencia del presidente de Cáritas Aragón, Carlos Gómez-Bahillo y del técnico de FOESSA, Pedro Fuentes. Los resultados del estudio se basan en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada a 12.289 hogares en todo el país, 586 en Aragón.
Según apunta el informe, en 2024 la exclusión social alcanzó al 22,9% de la población de Aragón, un porcentaje que se divide entre quienes sufren procesos de exclusión severa (el 10,8%) y aquellos que se hallan en situación de exclusión social moderada (un 12,1% de la población).
La buena noticia es que la comunidad autónoma cuenta con un mayor nivel de integración plena, (casi la mitad de la población, un 48,4% se encuentra en esta situación) y un menor alcance de la integración precaria (un 28,7% se encuentran en este espacio).
¿Cuáles son las causas del empeoramiento de los indicadores de exclusión social?
Para comprender por qué en 2024 los datos que indican la exclusión son peores que hace seis años, tenemos que comprender cómo FOESSA mide la exclusión, un concepto, como decíamos, que abarca más dimensiones que la pobreza económica o material. En este sentido, las mediciones remiten a tres ejes (político, económico y relacional) que observan dimensiones como la vivienda, el empleo, la salud, pero también el aislamiento o la participación social.
Pese a presentar niveles de exclusión social más elevados que en el conjunto estatal, la peor situación de Aragón solo se refleja en el eje político y de ciudadanía, principalmente por problemáticas relacionadas con vivienda y salud. En este eje, Aragón registra un incremento de 11,1 puntos porcentuales.
En resumen, las problemáticas de exclusión más frecuentes se relacionarían con la insuficiencia de recursos económicos para ejercer derechos sociales, en este caso el acceso a la vivienda y a la salud: los gastos excesivos de vivienda afectan al 18,4% de la población aragonesa; y las dificultades económicas para acceder a tratamientos médicos o medicamentos afectan a una proporción similar, 18,2%.
El informe resalta que, a pesar de que la disponibilidad de una vivienda digna y adecuada constituye un requisito fundamental para la integración social, acceder a una vivienda a precios asequibles se ha convertido en un importante inconveniente debido al incremento de los precios, tanto en régimen de compra como de alquiler, a un ritmo superior al de las rentas familiares. Este fenómeno se desarrolla, además, en un contexto marcado por la oferta limitada y la especulación inmobiliaria. “La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Aragón. Por ello, es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estructural que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica nunca se traducirá en integración social”, indicó Fuentes.
En cuanto al empleo, a pesar de los datos positivos en tasa de empleo y ocupación, hay que señalar que las situaciones de exclusión social en este ámbito afectan a un 11,8% (7,9% en 2018) de los hogares y un 15% de la población aragonesa, lo que significa que en esta comunidad hay alrededor de 66.100 hogares, en los que viven unas 200.300 personas, que han de hacer frente a problemas de exclusión social en la dimensión del empleo.
La precariedad, aunque se reduce, no desaparece: la parcialidad involuntaria (6%), y la inestabilidad laboral grave (4%) siguen marcando a una parte importante de quienes trabajan, especialmente en sectores ligados al sector servicios. Aquí reside una de las grandes paradojas: una notable recuperación del empleo no es incompatible con el gran crecimiento de la exclusión. “El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social”, señaló el técnico de FOESSA.
¿Qué perfiles poblacionales engrosan el espacio de exclusión social?
La situación ocupacional de la persona que encabeza el hogar y el nivel de pobreza constituyen las dos variables que en mayor medida modulan el riesgo de enfrentar procesos de exclusión en Aragón: más de nueve de cada diez personas que pertenecen a un hogar encabezado por alguien que busca empleo se encuentran en situación de exclusión social, y tres de cada cuatro personas en hogares en riesgo de pobreza se hallan en exclusión social.
Junto al tamaño del hogar, la nacionalidad (condición administrativa) y el origen (procedencia) también constituyen variables fuertemente determinantes del riesgo de exclusión social en Aragón. Por otra parte, una de cada tres (36%) personas menores de 18 años en Aragón enfrenta procesos de exclusión social.
Sin protección suficiente
En conclusión, Aragón se estabiliza en pobreza y desigualdad, pero no gracias a un sistema de garantía de ingresos plenamente operativo. La cobertura es baja y la información, una barrera crítica. Según indica el Informe FOESSA regional, el modelo aragonés de garantía de ingresos da una respuesta muy limitada a las necesidades económicas de la población en situación de pobreza.
La evolución observada pondría de manifiesto en qué medida Aragón se sitúa entre las comunidades autónomas que han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas: el trasvase de personas beneficiarias desde las rentas mínimas autonómicas a la prestación estatal ha liberado el 11% del gasto de las comunidades autónomas en sus rentas mínimas. En Aragón se ha pasado de una inversión en rentas mínimas de 48 millones de euros en el año 2020 a menos de dos millones en el año 2023 lo que supone una reducción de más del 96%.
La prioridad en este sentido es reforzar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV: más inversión y cobertura en renta para cerrar huecos (acceso, tiempos de espera, contingencias), junto con políticas activas de información y acompañamiento. “Es la vía más rápida y justa para convertir la estabilidad en avance y reducir la privación material que aún golpea a demasiados hogares”, apuntó Fuentes.
Hacia un cambio de paradigma
El IX Informe FOESSA advierte de que las actuales políticas sociales siguen siendo insuficientes para corregir las desigualdades estructurales y prevenir nuevas formas de exclusión, como las de carácter tecnológico o ambiental. Frente a este diagnóstico, los investigadores abogan por un cambio radical de paradigma civilizatorio, que coloque los cuidados como eje de la vida social. En este sentido, el estudio anima a “elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario”.
Sobre la Fundación FOESSA
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España. A lo largo de estas seis décadas se han presentado nueve macrodiagnósticos: 1966, 1970, 1975, 1980-83, 1994, 2008, 2014, 2019 y 2025.
