Cáritas Zaragoza organiza una jornada para desenredar el laberinto de las rentas mínimas
Con el fin de reflexionar y profundizar en diferentes cuestiones que rodean el complejo acceso a un derecho esencial como es tener una renta mínima garantizada, Cáritas Zaragoza organizó una jornada que tuvo lugar el jueves 23 de octubre en el Edificio del Grupo San Valero. De esta manera, el encuentro “RENTAS MÍNIMAS EN EL LABERINTO: INEFICIENCIA, ESTIGMA Y VULNERABILIDAD”, ha puesto sobre la mesa cuestiones como las siguientes: ¿Contribuyen prestaciones como el IMV a reforzar la autoestima, la confianza y la participación social de las personas?, ¿o, por el contrario, las sitúan en una posición subordinada, dependiente y estigmatizada? ¿Generan dinámicas de inclusión o perpetúan estructuras de exclusión?
La jornada comenzó con una sesión de trabajo en el que diferentes perfiles (agentes de Cáritas, representantes políticos, trabajadores sociales del Tercer Sector, técnicos de Servicios Sociales municipales, estudiantes y personal docente universitario) intercambiaron análisis y conocimiento en torno a estas preguntas, con especial atención a las tensiones entre el diseño normativo y la implementación práctica, así como a los efectos que estas políticas tienen en la vida cotidiana de las personas. Como punto de partida para la reflexión se tomaron los primeros resultados del proyecto europeo Welfare Experiences, en el que participa Cáritas junto a la Universidad Complutense de Madrid. Además, se entró en diálogo con los diagnósticos elaborados por entidades como Cáritas y la Fundación FOESSA, para construir una mirada crítica pero propositiva que ponga en el centro la dignidad y los derechos de las personas.
En la organización de esta jornada hemos contado con el apoyo del equipo de investigadoras del Proyecto Welfare Experiences en España. Su investigadora principal, Inés Calzada, nos acompañó en el conversatorio que formó parte de la jornada vespertina, en un marco de charla con el público. Calzada es profesora contratada doctor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Métodos de Investigación para las Ciencias Sociales (especialidad en Estadística) por la London School of Economics (2005) y Doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca (2008). Su línea de investigación ha girado siempre en torno al Estado del Bienestar, con particular foco sobre las actitudes de los ciudadanos hacia las políticas sociales y sus experiencias y vivencias con el sistema de protección social.
“En Cáritas consideramos que el acceso a una renta mínima digna constituye un prerrequisito fundamental para el ejercicio efectivo de otros derechos. Sin embargo, estamos observando que las sucesivas crisis económicas han evidenciado las limitaciones estructurales de muchos sistemas de bienestar para dar respuesta adecuada a las nuevas formas de vulnerabilidad”, señaló el director de Cáritas Zaragoza, Carlos Gómez-Bahíllo.
En el caso español, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio de 2020 supuso un punto de inflexión en la política social española. Por primera vez, se reconocía a nivel estatal el derecho subjetivo a una prestación económica dirigida a garantizar un umbral mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, los primeros años de implementación han estado marcados por notables limitaciones: una cobertura inferior a la esperada, una tasa de non-take-up elevada —especialmente en los colectivos más excluidos— y una articulación deficiente con los sistemas autonómicos preexistentes. En Aragón, la Prestación Autonómica Complementaria del IMV, PACIMV, tampoco está alcanzando los objetivos marcados inicialmente.
En Cáritas entendemos que la pobreza y la exclusión social deben considerarse como una vulneración de derechos que exige una respuesta pública adecuada, coordinada y suficientemente ambiciosa. Instrumentos como la Carta Social Europea o la propia Constitución Española establecen la obligación de los poderes públicos de garantizar una protección social suficiente para toda la ciudadanía, especialmente en situaciones de necesidad. Pero la mera existencia formal de un derecho no garantiza un cumplimiento que tiene un impacto en la vida de las personas.
Investigaciones como el proyecto europeo Welfare Experiences, en el que participa Cáritas, muestran que continúa existiendo una gran distancia entre los marcos normativos y la experiencia real de los usuarios. Las personas que solicitan el IMV o una renta mínima autonómica a menudo se enfrentan a una carrera de obstáculos administrativos, a un trato institucional que reproduce estigmas sociales, o a un sistema opaco en el que resulta difícil comprender los criterios de acceso, la duración o extinción de la prestación. Desde esta mirada, el impacto de los sistemas de rentas mínimas no puede medirse únicamente en función de cuántas personas las reciben o de cuánto disminuye la tasa de pobreza. Es necesario analizar también los efectos sociales, simbólicos y relacionales de estas políticas.
